Sistema Interamericano de Derechos Humanos

por Andrew


Las sangrientas dictaduras por las cuales atravesó Latinoamérica durante el siglo XX se pretendían justificar en un falso liderazgo, el cual a través de la fuerza sembró temor e impunidad con el nefasto coste de innumerables muertes. Frente a estos atropellos los Estados de la región ya en 1969 prepararon la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, instrumento jurídico que reconocía los derechos fundamentales de los habitantes y también establecía un sistema jurisdiccional para su aplicación, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Iniciativa que surgió ya en 1945 en la “Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz”, pero no fue sino hasta 1948, cuando con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, se agruparon los países de América Latina, el Caribe y Norteamérica, con su Carta constitutiva, en la cual se estableció la estructura orgánica, derechos y deberes de sus miembros.

La Convención regula el funcionamiento de la Comisión y de la Corte, y consagra los principales derechos. En su versión original, la Convención se refiere fundamentalmente a derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a elegir las autoridades y a ser elegidos a cargos públicos, entre otros. Posteriormente con la evolución y mayor cobertura de los derechos, el Pacto de San José fue complementado por otro instrumento jurídico que vela por la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), conocido como el Protocolo de San Salvador, el cual rige desde 1999.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos opera a través de dos órganos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión cumple con una serie de funciones, como la de preparar informes sobre la situación de los derechos humanos en determinados países, así como realiza “Visitas In Loco”, cuando considera necesario evaluar la situación de los derechos humanos en determinado Estado de manera directa; así también trabajos especializados a través de relatorías; y sin duda la función más importante es la de conocer y resolver las denuncias en casos específicos presentados por cualquier individuo u organización que sientan que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, y si son del caso, luego de su estudio y seguimiento, de cumplir los requisitos, serán enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello para evitar confusiones recordemos que las denuncias deben ser presentadas ante la Secretaría de la Comisión previo el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Convención.

De esta manera cuando dicha petición sea admisible por parte de la Comisión, la misma será enviada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano convencional, que no depende orgánicamente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual se encuentra formada por 7 jueces que no representan a ningún Estado, sino que acceden al puesto por méritos propios.

Estimados lectores a fin de complementar este acercamiento al Sistema Interamericano, continuaré la próxima semana con el análisis de la Corte y sobre el estado de los Derechos Humanos en el Ecuador.

Lo publiqué en Diario El Mercurio

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