Violencia en los medios

por Andrew

Imagen vía HOY

Todos los canales de televisión se disputaban por exhibir la gran exclusiva, el ajusticiamiento indígena no sucede todos los días, y cuando el “rating” está de por medio, los valores, líneas editoriales, y hasta la racionalidad se olvida, y como consecuencia tenemos las imágenes que pocos días atrás las cadenas de televisión emitieron sobre la muerte de un ciudadano en Canchagua.

Cual si se tratase de un “reality show”, todos los ecuatorianos tuvimos acceso en nuestros televisores la trasmisión de los últimos dolorosos momentos de vida de Fausto Medina, ciudadano que sustrajo de la casa de un indígena un artefacto eléctrico, y fue juzgado y sentenciado a muerte por la comunidad de Canchagua Bajo.

Medina luego de ocho horas de ser ortigado, fue incinerado vivo, imágenes que fueron retransmitidas sin ningún criterio, ni censura por las cadenas de televisión ecuatorianas. Si bien es cierto, la polémica legal de este caso, frente a las disposiciones constitucionales del artículo 171, resultan interesantes y dignas de analizar, esta vez prefiero analizar que sucede con nuestros medios frente a estos abusos de libertad de expresión.

En estos momentos que la información se ha convertido en un bien más del mercado, y que su intercambio se lo hace de manera acelerada, hay criterios y bases doctrinales de la libertad de expresión que no podemos olvidar. Es necesario recordarlas y hacer que estas sean la base de la labor de difusión informativa de los medios de comunicación, pues a través de su función se debe contribuir al desarrollo y convivencia democrática de la sociedad, que garantiza la dignidad interna y libertad de los individuos y sobre todo es el instrumento de expresión de los seres humanos.

Así por ejemplo, nunca opinamos respecto a los límites que los ordenamientos jurídicos deben imponer a la libertad de expresión frente a la protección de la Juventud y la Infancia, colectivo que al encontrarse dentro de otras condiciones que los vuelven más vulnerables ante la información o criterios que se puedan verter sobre ellos, o sobre los contenidos que estos reciban, afectarán su desarrollo y lo reflejarán posteriormente dentro de su comportamiento de manera negativa.

Es por ello que ante las posibles arbitrariedades que se pudiesen realizar ya sea por parte los medios estatales o particulares, cobijados en una legislación que no pone límites a los contenidos a emitirse, cabe aquí sugerir la posibilidad de autorregulación por parte del agente emisor del mensaje, quien desde su formación personal y profesional, tendrá la tendencia de ejercitar su trabajo de acuerdo a los principios éticos y profesionales, evitando argumentos que posibiliten crear leyes mordazas que lo único que hacen es limitar las libertades del individuo.

El caso Medina nos hace pensar que es tiempo de revitalizar el papel y función social que los medios deberían cumplir en la sociedad, siendo fundamental que justifiquen su existencia, basando sus contenidos en los principios de imparcialidad, objetividad y veracidad.

Lo publiqué en Diario El Mercurio